Liquidador del PIR no entrega actas de venta
En el Concejo Cantonal de Riobamba se volvió hablar sobre el tema de los tres terrenos del Parque Industrial. Se solicitó la comparecencia de Celso Escobar, pero no acudió.
Una de las recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado, tras el examen especial que realizó sobre la venta del Parque Industrial de Riobamba (PIR), fue que los exaccionistas como el Gobierno Autónomo Descentralizado de Chimborazo (GADP-Ch) y de Riobamba (GADM-R), además de la Empresa Eléctrica Riobamba S.A (EERSA) soliciten a la Procuraduría General del Estado que, de ser el caso, inicie las acciones legales con el fin que sea un juez competente el que determine la validez de los actos y contratos relacionados con la venta de los bienes, efectuados en el proceso de liquidación de Inpriocem (exParque Industrial Riobamba).
Pedido
Tanto la EERSA como el Municipio de Riobamba cumplieron con esta disposición encomendada.
Documento
El lunes 12 de enero de 2015 se recibió un comunicado en el despacho del alcalde Napoleón Cadena respecto a este tema, que no incluye a todo el PIR, sino exclusivamente a tres terrenos. Paola Castañeda, procuradora síndica del Gobierno Autónomo Descentralizado de Riobamba, explicó -en ese entonces- que Guillermo Vasco, director Regional de la Procuraduría del Estado en Chimborazo, fue quien hizo llegar esta comunicación, en la que se adjunta un pedido formulado por el abogado Marcos Arteaga Valenzuela, director Nacional de Patrocinio de la Procuraduría General del Estado, quien señala: “Por lo expuesto en el numeral 1 del presente oficio (…) basado en el análisis efectuado por la Dirección Regional que usted ejerce (Guillermo Vasco) y a la cual usted representa, le solicito que de forma inmediata dirija atento comunicado al señor Alcalde de la ciudad de Riobamba, así como al señor Prefecto de la provincia de Chimborazo, exigiendo que cumplan con la recomendación dada por la Contraloría, pues la Procuraduría supervisará la actuación de ellos en los procesos judiciales que inicien, y coadyuvará de acuerdo al Artículo 226 de la Constitución, en la defensa de los intereses del Estado, caso contrario, asumirán sus responsabilidades por su inacción”, detalló la profesional, quien explicó que, por tanto, la Procuraduría no intervendrá en este proceso judicial, sino que lo hagan los gobiernos autónomos que fueron accionistas del PIR.
Actualidad
Desde entonces ya han transcurrido cuatro meses. En el pleno del Concejo Cantonal, el pasado martes, el edil Juan Pablo Cruz solicitó se entregue información con respecto a cómo avanza este proceso.
Respuesta
El Alcalde manifestó que se ha cumplido con ese pedido hecho por la Contraloría y que ya se han ejecutado algunas acciones a pesar que han tenido algunos inconvenientes con la entrega de información. Posterior, solicitó a la abogada Castañeda que dé a conocer sobre los hechos que se han suscitado. “Se han generado reuniones con Marcos Arteaga para cumplir con esa exigencia. Lo que se ha identificado es que la causal de nulidad para estas compras-ventas obedece a que el liquidador de Inpriocem no contaba con la autorización de la Junta General de Accionistas para realizar una venta directa, sino que el procedimiento que debía haber sucedido es la venta a través de pública subasta, que es lo que se omitió, siendo la causal de la nulidad”, argumentó la síndica municipal.
Se identificó la necesidad de contar con dichas actas por parte del personal de la Municipalidad, pero se argumentó que no se podían entregar, por eso se llevó a cabo una reunión entre miembros del GADM-R y la superintendenta de Compañías Regional, Mónica Martínez, en Ambato, para que esta información pueda ser entregada. “La respuesta fue que estos documentos no reposan en sus archivos. Se hizo entonces un requerimiento, en amparo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública con conocimiento a la Defensoría del Pueblo y a la misma Procuraduría Regional, al liquidador de la compañía (Inpriocem), Celso Escobar, hace dos meses. Lamentablemente tampoco tuvimos respuesta. Se planteó por tanto una diligencia a través del Juzgado de lo Civil, tendiente a que sea esa instancia judicial la que señale hora y día para que el liquidador, como custodio de esos documentos públicos, El señalamiento se lo hizo hace dos semanas atrás, pero tampoco compareció (el liquidador). A esta fecha hemos solicitado que se siente razón al respecto y el paso inmediato es iniciar un juicio en contra de Celso Escobar a falta de una respuesta”, explicó la abogada, quien agregó que también se planteó un acción constitucional de acceso a la información pública para contar con los referidos papeles.FUENTE: laprensa.com.ec | Riobamba
