Caso medidores de agua entra a segunda fase

En este mes culmina el plazo para que la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Riobamba (EP-EMAPAR) remita a la Defensoría del Pueblo de Chimborazo toda la información requerida a fin de solucionar las falencias de estos controladores de consumo.
Investigación

Paúl Mancero, delegado provincial de la Defensoría del Pueblo en Chimborazo, cuenta que este organismo investigó durante un año el proceso de ubicación e instalación de los nuevos medidores.
Denuncias
Los trabajos iniciaron en el 2012, pero el proceso se detuvo, frente a las denuncias ciudadanas y por iniciativa de ese organismo de control.
Calidad. Según Mancero, la investigación determinó la mala calidad del producto o kit que conformaba las cajas metálicas, los aparatos de micro medición, las tapas y las tuberías. También se indagó acerca del proceso de intervención en las fachadas donde se iban a instalar los medidores. En ese tiempo, cada usuario debía cancelar USD.140 por este servicio y cada controlador costaba USD. 39USD.
Resolución
Fruto de esta investigación, el 29 de septiembre del año anterior, la Defensoría del Pueblo entregó, de forma pública, una resolución del problema de los medidores al alcalde de Riobamba, Napoleón Cadena, quien a su vez es presidente del directorio de la EP-EMAPAR, y al gerente de la misma, Víctor Méndez.
Participación. En el informe se determinó la vulneración de derechos en la participación de la ciudadanía para la ejecución de los proyectos, donde no se justificó una consulta adecuada.
Contrato
La vulneración a la libertad de contratación, “porque en muchos casos, como en el 2013, se imponía la firma de un contrato a los usuarios para realizar la conexión domiciliaria. Incluso, en aquella época se amenazaba a la ciudadanía con cortar el servicio de agua”, dijo Mancero.
Servicios
Finalmente, se determinó que se habría vulnerado el derecho a acceder a servicios públicos de calidad, por cuanto era evidente en aquella época la mala instalación de los medidores, “Muchos de ellos estaban caídos, con fugas de agua. Las estructuras metálicas estaban oxidadas, y las fachadas en mal estado cuando se colocaban los medidores.
Plazo
Esta resolución también establece que en el plazo de seis meses se deben tomar correctivos ante estas deficiencias.
Expediente. Una vez cumplido el tiempo programado, “abriremos la segunda parte del expediente defensorial donde consta la verificación y el seguimiento acerca del cumplimiento de estas recomendaciones”.
Informe
Solo cuando se abra la segunda parte de este proceso y la EP-EMAPAR les remita la información, y ocurra una verificación en campo, se podrá determinar el grado de cumplimiento de esta empresa pública.
Arreglo
En cuanto a este tema, Edgar Lara, director técnico de la EP-EMAPAR manifestó que la Defensoría del Pueblo emitió, hace poco tiempo (no precisó fechas), un pronunciamiento favorable en cuanto a que la empresa ha venido corrigiendo estos inconvenientes,. los cuales habían sido detectado en las cajas de los medidores, las protecciones y las compuertas de las cajas.
Proceso
“Hemos trabajado con la Defensoría del Pueblo, tanto así que ellos realizaron un pronunciamiento, donde, de cierto modo, nos permitían continuar con el proceso de facturación de las acometidas. Esta facturación fue suspendida por las observaciones en las cajas y tapas”, reiteró el funcionario. FUENTE: laprensa.com.ec | Riobamba