Contraloría inicia examen especial al traspaso y administración de Fondos Previsionales Cerrados
Este jueves 12 de julio, el Contralor General del Estado, Dr. Pablo Celi, informó al país el inicio del examen especial al cumplimiento de los requisitos para el traspaso y administración de los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados. La auditoría, que se efectuará en el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIESS, Superintendencia de Bancos y en las entidades relacionadas, observará el cumplimiento de los requisitos dispuestos para realizar la transferencia de los Fondos, las auditorías privadas que se contrataron, la venta de la cartera vencida para cobro coactivo, entre otros aspectos administrativos y jurídicos.
Durante la acción de control se analizará el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2014 y el 30 de junio de 2018. El examen especial se dispuso en respuesta a las denuncias efectuadas por los representantes de los Fondos Previsionales, que se pusieron en conocimiento de la Contraloría a través de las ventanillas ubicadas en los balcones de servicios de la entidad y de la página web institucional: www.contraloria.gob.ec.
El Contralor informó que, al momento, la entidad cuenta con el detalle de los 69 fondos cuya administración se transfirió al BIESS. Entre ellos se encuentran los correspondientes a empresas públicas (como la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, TAME, FLOPEC, Petroecuador, etc.), municipios y prefecturas (Municipio de Quito, Otavalo, Ibarra y el Consejo Provincial de Pichincha).
En la base de datos también constan universidades (Universidad Central del Ecuador, Universidad Cuenca, Nacional de Loja, Técnica de Ambato, Nacional de Chimborazo, entre otras instituciones de educación superior), ministerios (Educación-Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano, Ministerio del Interior, de Finanzas, de Ambiente, etc.) y otras entidades del Estado, como la Procuraduría General del Estado, la Función Judicial, Fuerzas Armadas, etc.
La Contraloría General del Estado cumple con la obligación constitucional de observar que el manejo de los recursos asignados a la administración pública se efectúe en concordancia con la normativa legal vigente y bajo los principios de seguridad, eficiencia y transparencia.
